Garantías Constitucionales procesales en el proceso de faltas en la legislación peruana en el Distrito Judicial de Tumbes

Abstract

La presente investigación titulada “Garantías Constitucionales Procesales en el Proceso de Faltas en la Legislación Peruana en el Distrito Judicial de Tumbes”, trata sobre la problemática que se presenta en la legalidad de la tramitación del proceso de faltas en el ámbito procesal penal, con respecto a la serie de incongruencias existentes en relación a la aplicación de las garantías constitucionales procesales establecidas en la Constitución Política del Perú de 1993. La investigación que se propone es por el fin que persigue, una investigación aplicada. El estudio realizado, es una investigación jurídico – formal, en donde se ha aplicado el diseño de contrastación, además es una investigación descriptiva y correlacional; y por el material a emplear: es una investigación bibliográfica. El principal resultado obtenido es que sobre la evaluación de nuestra hipótesis, nos permite sostener que las Garantías Constitucionales Procesales, no regulan el proceso de faltas, no lo garantizan; además el derecho de defensa establecido en la Constitución Política del Perú, no se garantiza en la práctica, tampoco el derecho de defensa de la parte agraviada. En el proceso de faltas establecido en la norma procesal vigente en casi todo el país, permite otorgarle legitimidad frente a la sociedad, más aún si nos encontramos ante una especialidad de la justicia penal, que ha implicado el establecimiento de Juzgados de Faltas. Esto genera una preocupación: Los conflictos sociales menores, no están encontrando respuesta en una sentencia judicial, siendo nuestro parecer que el problema radica que en el proceso judicial de faltas, no está encuadrado dentro del respeto de ciertas garantías constitucionales procesales que vienen impidiendo la concretización de su legitimidad, cuya consecuencia finalmente desnaturaliza su utilidad y nivel de importancia; por lo que la principal conclusión de la investigación es que la práctica judicial conlleva a determinar que la aplicación del proceso especial de faltas como se encuentra estipulado, genera un alto índice de procesos con sentencias absolutorias por el no respeto de las garantías constitucionales procesales de las partes.