Resumen:
En fecha 20 de agosto del 2017, se promulgo la ley N° 30650, la cual incorpora a nuestro ordenamiento jurídico penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, dicha incorporación surge ante la gran incidencia de actos de corrupción que se presentaron en nuestro país, pero ante esta incorporación normativa parte de la doctrina penal del país se ha manifestado señalando que se estaría vulnerando el derecho al plazo razonable que todo justiciable tiene ante el operador de justicia que lo está investigado o que pretende sentenciarlo, refieren que esto resultaría en otorgarle al ius puniendi estatal la facultad de perseguir de manera perpetua a un imputado, pese a que por acción del tiempo el desvalor de la acción disminuye e incluso puede llegar a ser olvidado por la sociedad, siendo además que se generaría un incremento progresivo en la carga procesal de las instituciones del sistema de administración de justicia que participan en el desarrollo de los procesos penales, al no tener estos un límite temporal, por tal razón la presente investigación buscó analizar los fundamentos y los efectos de la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios en el derecho al plazo razonable del imputado en el Perú. Se utilizaron el método analítico, inductivo, deductivo, la técnica recolección de datos fue cuestionario, lográndose determinar los efectos tanto los efectos procesales como constitucionales de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la asociación que existe entre esta y el derecho al plazo razonable que tiene todo imputado en el Perú.
