Resumen:
El objetivo de esta investigación fue analizar las percepciones sobre la
aplicación de la prueba de oficio y vulneración del derecho al juez imparcial
en el proceso penal. Metodológicamente la investigación es cuantitativa, de
tipo descriptiva – explicativa, basada en un diseño no experimental. La
población fue de 36 operadores de justicia penal (defensores públicos,
defensores particulares y fiscales penales). No se realizó muestreo. Como
técnica de recolección de información se empleó la encuesta y el instrumento
utilizado fue el cuestionario. El análisis de los datos es de tipo estadístico
descriptivo (frecuencias) y para identificar comparativamente las diferencias
entre las variables (estadística inferencial) se hizo uso de la prueba de análisis
de varianzas (Anova). Los resultados indican que los operadores de justicia
penal se muestran indiferentes sobre la aplicación de la prueba de oficio; sin
embargo, de forma específica se encuentran en desacuerdo en que resulte
necesaria la incorporación de la prueba de oficio si existe ausencia y/o
insuficiencia probatoria. Por otro lado, están en desacuerdo respecto a que la
aplicación de la prueba de oficio vulnera la imparcialidad del juez en su
dimensión subjetiva y objetiva. Se concluye que existen diferencias
estadísticamente significativas entre las percepciones de los operadores de
justicia penal sobre la vulneración del derecho a un juez imparcial por
aplicación de la prueba de oficio (variable 2). Esto indica que consideran que
el juez de forma excepcional puede aplicar la prueba de oficio, pero el
Ministerio Público y la defensa técnica deben cumplir su rol y aportar pruebas
de cargo y de descargo. El trabajo contribuye a sustentar de manera fáctica
que no existen parámetros claros que permitan determinar cuáles son los
criterios para que el juez penal pueda aplicar la prueba de oficio, lo que hace
que está figura procesal sea mal utilizada.
