Resumen:
la percepción de los abogados y fiscales sobre la legalización de la eutanasia frente al derecho a la vida, en el distrito de Tumbes, 2024. Se aplicó la metodología básica, cuantitativa, descriptiva; y no experimental. La población estuvo conformada por un total de 50 sujetos, 40 fueron abogados miembros del ICAT y 10 fiscales miembros del Ministerio Público sede Tumbes, se aplicó como instrumento el cuestionario, que constó de 9 indicadores en ambas variables, es decir 18 ítems, se empleó además la prueba paramétrica de Pearson obteniendo como resultado de la V1 y la V2 (r – 0,310: p-valor: 0,000>0,05), por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. Como resultado se evidenció que la población respalda la necesidad de legalizar la eutanasia, especificando que deben establecerse los factores de evaluación antes de confirmar si una persona con enfermedad terminal o crónica accede a la eutanasia, a través de evaluaciones médicas, reporte de datos específicos de la enfermedad que padecen, posibilidad de superación o alcance de una mejor calidad de vida (encontrarse asegurada en un hospital y si es atendida), concluyendo así en que las variables se encuentran altamente relacionadas, dejando claro que la búsqueda de esta adaptación legal en nuestro país es necesaria, además de reconocer que sí bien es Dios quien brinda la vida, no es justo que una persona se aferre a vivir una vida llena de sufrimiento y teniendo en cuenta que jamás obtendrá mejoras, siendo totalmente dependiente de una persona para realizar cualquier tipo de acción, es decir no solo sufre con los efectos propios de la enfermedad si no también con el día a día en el que tiene que estar a merced de un cuidador, la población mantiene clara su posición de aceptación con índices de resultado de hasta 48% en acuerdo.